"La prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos", CMDH
La CMDH pidió a los jueces que analizaron esta medida revisar bien los puntos para no vulnerar los derechos humanos
Maxime Klaus
“La Prisión Preventiva Oficiosa es una medida que viola derechos humanos y que el actual gobierno quiere valerse de ella con el pretexto de combatir la delincuencia encarcelando ciudadanos injustamente”, así se expresó la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
René Bolio, presidente de la CMDH, hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendientes de las resoluciones que dictamine la SCJN ya que en el país contamos con un sistema judicial deficiente y, en ocasiones, corrupto, llevando a personas inocentes a prisión.
En la conferencia de prensa del 2 de septiembre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se opuso abiertamente a la eliminación de la Prisión Preventiva Oficiosa mencionando que los delincuentes saldrían de la cárcel, ignorando la Prisión Preventiva Justificada, que se da después de que los jueces consideran otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que el imputado tenga presencia en el juicio, para la protección de la víctima o bien de los testigos, la CMDH considera que la PPO es violatoria a los derechos humanos ya que es ir a prisión automáticamente con solo la acusación del Ministerio Público aún sin pruebas suficientes, violando la presunción de inocencia; reconocemos que el sistema de justicia está rebasado y es insuficiente para la población que se encuentra en la cárcel esperando una sentencia.
La SCJN llega a esta discusión en medio de la presentación del caso “García Rodríguez y Reyes Alpízar vs México” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, caso emblemático que se relaciona con los artículos 18 y 19 de la Constitución que acarreó con las violaciones al debido proceso y a la libertad de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva por más de 17 años sin condena.
Aunado a que la presidencia defiende la PPO y está por concretar la militarización, que pone a la Guardia Nacional como parte de la Defensa Nacional, con el argumento de "la seguridad interior", sumando a esto el incremento de presupuesto, tareas y facultades del Ejército Mexicano.
La CMDH exige al Poder Ejecutivo abstenerse de amenazar a los ministros de la SCJN y que mejore los protocolos para la impartición de justicia, especialmente de policías y fiscalías a su cargo. Demandamos a los ministros de la SCJN que atiendan al interés superior de los mexicanos y ejerzan su autonomía en favor de los derechos humanos y de la justicia, cumpliendo con los convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional.