La actual alcaldesa de Álvaro Obregón presentó siete denuncias ante FGJ por irregularidades de su antecesora, quien ahora es gobernadora del Estado de Campeche.
Alejandro Gómez
La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, siete denuncias ante su antecesora, Layda Sansores, quien actualmente es gobernadora de Campeche, así como ex servidores públicos de su demarcación por presuntas irregularidades en su gestión.
La mandataria demandó que el daño al erario por estas irregularidades es de casi 120 mil pesos y comentó que podrían configurar los delitos de ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y corrupción.
"Estas denuncias son por tres programas sociales, con un daño de 70.8 millones de pesos, tres contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil, con un daño de 8.2 millones de pesos.
"Todo este dinero era, y todo este dinero justamente desaparecido, era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a la población más vulnerable de la alcaldía, más, considerando que era tiempo de pandemia, por eso estamos aquí denunciando y dando cuenta de ello", exclamó
Limón García puntualizó que los programas sociales utilizados para presuntamente desviar recursos son “Mercomuna”, ”Promoción del autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria” y “Promotores del Desarrollo Social”.
Después de presentar las denuncias ante la institución, Lía Limón expuso que una de las denuncias es por un contrato de servicios firmado en 2020 con Walther David Patrón Becab, actual titular de Comunicación Social en Campeche.
Detalló que el objetivo de este servicio fue para la difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales por casi 3.4 millones de pesos, afirmando que el contrato fue simulado debido a que no hay evidencia de que se brindó dicho servicio.
Finalmente exclamó que no tiene confianza en la Fiscalía capitalina, pero afirmó que es su deber como servidora pública denunciar estos hechos.